El equipo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, integrado por Manuel Murúa, Silvina Ávila, Alberto Vázquez y Adriana Arce, y dirigido por el doctor Alejandro Vega y codirigidos por Sonia Ruiz, tomó como caso de estudio el conflicto petrolero de “Cerro Dragón” en 2012, que se extendió por 124 días y generó múltiples consecuencias en el orden económico, social y legal.
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“El análisis se abordó desde un examen multidisciplinar, teniendo en cuenta la fragmentación y los conflictos, consecuencia de la desigualdad, en términos generales, y sin dejar de lado las posiciones y las lógicas de los diferentes actores en conflicto” explicó Sonia Ruiz, docente e investigadora de la UNPSJB. Igualmente, se abordaron los planteos de las operadoras y sus procesos de negociación, como también el rol del Estado, ampliando los aportes de la Geografía Económica.
La investigación analizó la instrumentación del conflicto a través de protestas de los grupos vinculados con la actividad petrolera (piquetes, paros), que forman parte de la realidad de la cuenca (tanto en el flanco sur de Chubut como en el norte de Santa Cruz), asociándolos con base de información georreferenciada.
Para determinar los principales actores en conflicto, el grupo de investigadores desarrolló un índice de conflictividad que se ciñó a variables como sindicatos versus empresas petroleras o cámaras empresarias, localizaciones, modo de resolverlos y duración en el último lustro. También se abordó como estudio de caso la toma del yacimiento “Cerro Dragón”, concesionado a Pan American Energy y ubicado a 76 kilómetros de Comodoro Rivadavia.
Clúster de servicios petroleros
Sonia Ruiz explicó a Argentina Investiga que un clúster petrolero es “una concentración sectorial y/o geográfica de empresas que se desempeñan en la mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas, tanto hacia atrás, hacia los proveedores de insumos y equipos, como hacia adelante y hacia los lados; hacia industrias procesadoras y usuarias, así como a servicios y actividades estrechamente relacionadas con importantes y acumulativas economías externas de aglomeración y especialización”.
Estas interacciones empresariales son llamadas “economías de localización” y se caracterizan por la especialización o concentración geográfica de la actividad que favorece la innovación, el progreso técnico y el crecimiento de un sector particular. Ruiz destaca que “no todo agrupamiento de empresas alcanza todas las características de un clúster, dados los conflictos que intermedian y que se convierten en fuertemente disgregantes”.
La investigadora recuerda que la primera actividad de investigación fue conocer el funcionamiento de los espacios productivos en el contexto de la globalización. Esto permitió avanzar en la caracterización, donde se identificaron 250 empresas de servicios petroleros, vinculadas –directa o indirectamente– a la extracción de petróleo en la Cuenca del Golfo San Jorge. Posteriormente, se observó que una de las dinámicas características está asociada a la tensión constante, muchas veces devenida en conflicto.
Luego, se definieron los elementos constitutivos del clúster de servicios petroleros. Se identificaron los actores vinculados donde conviven: las operadoras vinculadas al circuito global (empresas transnacionales), sindicatos, o diferentes agrupaciones. “Para cumplir con este objetivo, los investigadores realizaron entrevistas a informantes calificados y se trabajó especialmente en la hemeroteca de la Universidad, ya que muchos de los conflictos son visibles en la medida en que los medios de comunicación se hacen eco de ellos” detalla la magíster Sonia Ruiz.
Los referenciados en primer término están vinculados con los sindicatos de petroleros privados, Dragones, sindicato de gas. Se abordaron desde la sociología del conflicto. Además se mapearon y se observó, desde el desarrollo territorial, cómo podían éstos afectar el clúster.
Para comprender los procesos internos, su relación con externalidades y la política estatal, se analizaron las tensiones que derivaban en conflictos, relativamente habituales a lo largo del lustro estudiado: desocupados, afectados en la sociedad, cambios legales. Fluctuaciones en el empleo del sector petrolero; problemas asociados al ambiente derivados de la actividad petrolera y la intervención del Estado nacional en la estatización de YPF, con participación de la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos). La modificación del marco regulatorio hidrocarburífero en la provincia de Chubut, con impacto en las economías locales (municipios de la provincia).
De este modo, se observaron las dinámicas que se desarrollan en la cuenca del Golfo San Jorge, especialmente en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que dieron origen a una “economía de localización”, caracterizada por la especialización y concentración geográfica de la actividad vinculada al circuito petrolero y que favorece la innovación, el progreso técnico y el crecimiento, especialmente de los servicios petroleros. La proximidad geográfica permite la realización de actividades de complementación, cooperación, capacitación, organización, y, por lo tanto, alcanzar mejores niveles de competitividad. También genera dependencias vinculadas a la subcontratación. Parte de estas actividades desarrolladas al interior del clúster generan tensiones de difícil resolución que contrastan con las sinergias propias de un clúster cohesionado.
Conflicto y economías de localización
El conflicto debe ser entendido como estructural al funcionamiento de las economías de localización por lo tanto, es ideal el desarrollo de mecanismos para su gestión. Una vez que se instala es conveniente su rápida resolución, y a través de políticas estatales atenuarlo y, si es posible, prevenirlo. Lo ocurrido en 2012 en el yacimiento petrolero de Cerro Dragón da cuenta de que un conflicto no resuelto a tiempo puede desarticular una porción del sistema productivo.
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“El entramado tendiente al desarrollo tiene que sostenerse en la ética de los mínimos y la ética dialógica en función de resolverlos para generar un territorio justo. Con legislación que contemple los aspectos involucrados en territorios de base extractiva” concluyó Ruiz.