La tecnología de la siembra directa utiliza una dosis importante de algunos herbicidas, como el glifosato para la soja y la atrazina para el maíz, que se aplican en mayor proporción. Existen estadísticas a nivel internacional que determinan cuándo los niveles de esos herbicidas son normales, pero cabe preguntarse acerca de quién los vende, a quién se venden y sobre todo quién controla su aplicación, ya que los remedios son tónicos en su justa dosis, pero tóxicos si la exceden.
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Es por esto que investigadores de la UBA, con apoyo del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, trabajan en el programa llamado “Impacto en el ambiente y en la salud de la población de los modelos productivos agropecuarios en la Argentina”, que cuenta entre sus objetivos el de elaborar un estudio analítico epidemiológico.
El programa comprende el trazado de mapas en el tiempo y en el espacio -con la colaboración del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA)- donde se distribuyen glifosato y atrazina, por lo que se recolectan muestras de plasma y de orina en zonas agrícolas de distintas provincias, con el conocimiento previo sobre cuáles son los niveles aceptables para la vida y el ambiente.
Si bien los investigadores explican a InfoUniversidades que no ignoran la profusión de noticias que hablan acerca de la toxicidad de los agroquímicos, prefieren remitirse a los niveles de concentración de las dosis. Porque si se pasan los parámetros establecidos, van a ser dañinos, como cualquier exceso. Al respecto, existen estadísticas a nivel internacional que estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que comprobaron que el uso de ciertos agroquímicos produce rendimientos excepcionales para alimentar a una población mundial que crece constantemente. Y si bien el análisis de ambas entidades no arrojó evidencias de que los niveles utilizados normalmente produzcan algún tipo de toxicidad, también aconseja seguir estudiando epidemiológicamente el uso de los herbicidas.
La UBA incorporó un equipo de última generación para desarrollar este programa, que también es punto fundamental de un acuerdo con la Universidad de Kansas, en Kentucky, donde trabaja la epidemióloga argentina Claudia Hopenhayn, que se suma a los investigadores locales para realizar este trabajo cuyo objetivo, además, es actualizar la legislación vigente sobre estos temas, o bien establecer normativas observando a otras naciones del mundo que utilizan los mismos agroquímicos que se aplican en Argentina, en igual medida o con mayores parámetros.
Evitar la manipulación irresponsable
Hay que analizar el paquete tecnológico y ver hacia dónde apunta la producción agrícola argentina. Observar si se controlan las dosis de los herbicidas; si hay descuidos en su aplicación, o no se consideran las variaciones que pueden tener en función de la textura del suelo o el régimen de precipitaciones. Es cierto que toda producción industrial genera algún tipo de contaminación. Se sabe que en ellas siempre hay un valor umbral por debajo del que no hay efectos apreciables para la salud o para el medio ambiente, pero se trata de determinar qué impacto conllevan los modelos productivos del agro.
El modelo actual basado en la tecnología de la siembra directa es menos traumático para el ambiente, pero para ello utiliza una dosis importante de algunos agroquímicos y en mayor proporción el glifosato en el caso de la soja, y la atrazina en el caso del maíz. El programa verificará también si existen impactos con el uso racional a nivel ambiente y a nivel población, o si se está haciendo un uso no controlado o con mala praxis, que genera accidentes por el mal empleo de esos herbicidas.
Hay una falta de información seria en nuestro país sobre estas cuestiones y de la que parte esta investigación analítico epidemiológica, para lograr mapas de la distribución del glifosato y la atrazina y después correlacionarlos con los mapas de alguna presunta contaminación en la sangre de pacientes, sin dejar de tener en cuenta las cuestiones ambientales. Muchos accidentes con los agroquímicos se producen las más de las veces por impericia o negligencia de quienes están a cargo de su aplicación y por falta de un control por parte de las autoridades pertinentes.
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Pero si quien controla no cuenta con una adecuada legislación, tampoco podrá manejarse de manera adecuada. Es así que el estudio académico-científico encarado por las Facultades de Agronomía y de Farmacia y Bioquímica de la UBA generará una caja de herramientas útil para detectar los problemas que pueden ocasionar determinados agroquímicos. Se trata de contar entonces con buenas prácticas de manejo que son las que hay que incentivar, apostando por el progreso con excelencia.